Escribe: Dr. Edhín Campos Barranzuela 1
Nunca como antes, la población se ha sentido tan insegura y temerosa, ante el incesante incremento de la delincuencia, los marcas, el sicariato y el crimen organizado en nuestra sociedad, que aunque parezca mentira se viene institucionalizando, ante la vista y paciencia de las autoridades.
Por tal razón y preocupados por esta lamentable situación, la mayoría de ex -candidatos a los gobiernos locales y regionales del país, tuvieron como plataforma electoral el tema de la seguridad ciudadana y ahora los Alcaldes y Presidente Regionales en ejercicio, tienen que cumplir su promesa electoral de combatir la delincuencia común y el pandillaje pernicioso que ha invadido a nuestras ciudades.
¿Sin embargo estamos preparados para prevenir, combatir y sancionar en forma ejemplar a las personas que delinquen y que forman parte de bandas organizadas y han hecho de su modus vivendi, su estilo de vida?
Consideramos que no, pues la mayoría de Gobiernos Locales y Regionales, así como las instituciones que tienen que ver con el tema como Policía Nacional y el Ministerio Público, a excepción del Poder Judicial, no han hecho público el Plan de Acción de Prevención contra la delincuencia y del crimen organizado y no existe una Política de Estado Pro Seguridad Ciudadana, por ello las bandas pululan por doquier y a cada momento se cometen delitos de secuestro, hurto y robo agravado, delitos contra la vida el cuerpo y la salud, entre otros, convirtiendo a nuestras ciudades, en ciudades altamente peligrosas.
Por tal razón y preocupados por este sensible tema, desde el año 2002, las principales organizaciones políticas, sociales y religiosas del país, suscribieron el Acuerdo Nacional, documento que contiene 29 políticas de Estado con el fin de fortalecer nuestra Democracia y el Estado de Derecho y justamente una de estas políticas de Estado, la séptima para ser más preciso, indica como necesidad prioritaria la erradicación de la violencia y el fortalecimiento del civismo y la seguridad ciudadana, pues en dicho cónclave, se concluyó que el problema de la inseguridad ciudadana, no es un problema exclusivamente policial, ni judicial, sino sobre todo de la sociedad civil en su conjunto.
En ese sentido es importante recordar que la Ley Nro. 27933 Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, establece como objetivo, la articulación de esfuerzos intersectoriales entre los Poderes del Estado, Policía Nacional, Gobierno Regionales, Gobiernos Locales y la sociedad civil organizada, para mejorar la calidad de vida del ciudadano, previniendo situaciones de riesgo y amenazas a su integridad física y psicológica.
En los últimos años se ha incrementado la sensación de inseguridad de la población, que siente el temor de que en cualquier momento puede ser asaltado o su vivienda objeto de sustracción por parte de los “amigos de lo ajeno “, por lo que esta misma población siente una percepción negativa de esta realidad y es importante que se impulse sectorialmente las condiciones jurídicas, sociales y culturales necesarias para conseguir el ansiado bienestar social a favor de la sociedad.
Por tal razón ojalá que en los próximos días el Gobierno Central, los Gobiernos Regionales y Locales pongan en marcha el buen funcionamiento de la Seguridad Ciudadana, que es la acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía, destinada a asegurar su convivencia pacífica, así como la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de los espacios públicos y de esta manera contribuir a la prevención de los delitos, que se constituye en el gran tema de agenda del Estado Peruano…y porque no, de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, por tal razón, algo tenemos que hacer en seguridad ciudadana. Se corre traslado.
1 Presidente de la Corte Superior de Justicia de Ancash, Doctor en Derecho, Magíster en Ciencias Penales, Licenciado en Comunicación Social y Ciencias de la Educación y Docente Universitario.
